JUSTICIA Y SEGURIDAD |
Se consideran tres grandes prioridades,
relacionadas con: un sistema de justicia
que garantice seguridad y equidad en el
cumplimiento de la aspiración de
justicia; un Poder Judicial completamente
independiente que aborde con eficiencia
y transparencia la administración
e impartición de la justicia en el
país; seguridad ciudadana plena,
para las personas y los bienes, con estricto
apego al respeto de los derechos humanos;
y erradicación de la corrupción,
mediante una cultura nacional que favorezca
la ética y la honestidad, en la gestión
pública y en los diversos sectores
y áreas de la sociedad.
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SEGURIDAD Y EQUIDAD JURIDICA |
a) Elaborar una política integral
claramente definida que abarque la coordinación
de todo el sistema de justicia y la creación
del Instituto Nacional de Política
Criminal.
b) Revisar mensualmente, por la Comisión
Interinstitucional de Justicia Penal, el
procedimiento utilizado por los operadores
de justicia y la situación de la
mora, a fin de determinar acciones y correctivas.
c) Fomentar los valores y la eficiencia
del sistema, mediante la capacitación
permanente y la instauración de mecanismos
de evaluación continua de fiscales,
jueces, defensores públicos, policías
y personal penitenciario.
d) Respetar el cumplimiento de los plazos
legales establecidos en el proceso de administración
de justicia.
e) Promover la conciliación y el
arbitraje como métodos alternativos
de solución de conflictos.
f) Garantizar la igualdad de los ciudadanos
ante la ley, mediante lo siguiente:
· Creación de un programa
que permita el acceso gratuito a la justicia
en todas las ramas del derecho
· Autonomía y fortalecimiento
de la defensa pública
· Establecimiento de una defensoría
especial para la mujer, etnias, niños,
niñas y otros grupos vulnerables.
· Implementación del procedimiento
procesal que elimine privilegios e impunidad
a adultos mayores que sean violadores de
la ley.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y DERECHOS HUMANOS
GARANTIZADOS |
a) Diseñar e implementar un plan nacional
de seguridad ciudadana que contemple medidas
de prevención y atienda las causas
de carácter económico, social
y cultural que producen la inseguridad ciudadana.
b) Adecuar la estructura institucional
en materia de seguridad a la legislación
vigente, incluyendo las diversas ramas policiales,
que garantice la congruencia entre las acciones
operativas y las sentencias de los juzgados
competentes.
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c) Impulsar programas
y campañas de prevención del
delito, que incorporen valores y principios
morales y acciones de rehabilitación:
· Fortalecer las campañas para
la erradicación de drogas; y la regulación
de la venta, distribución y consumo
de alcohol.
· Fortalecer y crear asociaciones juveniles
orientadas a fines deportivos, culturales,
sociales y espirituales, con sentido de pertenencia,
compromiso y solidaridad.
· Crear y aplicar leyes más
severas contra la maternidad y paternidad
irresponsable, como mecanismo para evitar
la disgregación familiar.
· Desarrollar programas educativos
sobre métodos que ayuden a erradicar
en los jóvenes el uso de drogas y asociaciones
ilícitas.
· Fortalecer y crear centros de rehabilitación
integrales para niños y niñas
infractores en todos los departamentos del
país, que incluyan programas de reeducación
y reinserción, con profesionales especializados
en la materia.
· Aplicar la Ley de Rehabilitación
del Delincuente, para integrarlo a la sociedad.
d) Desarrollar e implementar modalidades
de apoyo a la acción de la policía,
fortaleciendo los recursos humanos y materiales
asignados a la seguridad y logrando mayor
compromiso y participación de la
sociedad.
· Mejorar el nivel profesional de
la Policía, mediante mecanismos de
selección de nuevos aspirantes, acciones
de capacitación, implementación
de incentivos y disminución de la
rotación de personal, al mismo tiempo
que se realicen evaluaciones y depuraciones
constantes mediante un procedimiento conforme
a derecho.
· Incrementar los recursos humanos
y logísticos, a fin de lograr mayor
presencia y efectividad policial en todos
los municipios del país.
· Reorientar el presupuesto de la
Secretaría de Seguridad para mejorar
los salarios del personal operativo y auxiliar
de la policía, mediante un reglamento
de puestos y salarios y garantizar todos
sus derechos en materia de seguridad social.
· Mejorar los sistemas de inteligencia
de la Policía.
· Promover la creación, organización
y funcionamiento a nivel nacional y a la
mayor brevedad, los Comités de Seguridad
Ciudadana, orientados a la prevención
y debidamente reglamentados.
· Implementar y ampliar programas
orientados a incorporar a los jóvenes
a trabajos voluntarios y comunitarios, permitiéndoles
mayor participación.
· Fortalecer la figura del Alcalde
Auxiliar, como colaborador en la seguridad
local con su debida capacitación.
· Definir funciones específicas
para las Policías Municipales, evitando
con ello contradicciones con la Policía
Nacional.
· Incorporar en el plan de arbitrios
de las municipalidades lo concerniente a
multas y tasas que sirvan para fortalecer
la seguridad ciudadana local o municipal,
previa concertación con la sociedad
civil.
· Generar un reglamento para registrar
y controlar efectivamente a las de empresas
privadas de seguridad.
e) Crear una ley que reglamente el régimen
y tratamiento penitenciario, que incluya
la creación de un Instituto Penitenciario
Nacional Autónomo, con la respectiva
dotación de centros de reclusión
para procesados y sentenciados.
f) Apoyar a las instituciones y organizaciones
protectoras de los derechos humanos, para
que cumplan efectivamente su función.
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