Comencemos con un tema de actualidad. ¿Cuáles van a ser las repercuciones de la inestabilidad financiera actual mundial en la República Dominicana?
Depende del curso que van a tomar las cosas. Estabamos discutiendo en una jornada en el Banco Central, pues la República Dominicana tiene una gran relación con los Estados Unidos de América y viendo todo lo que estan haciendo para relanzar su economía, pues quizas lo que pudo haber sido una catastrofe para los paises de America Latina, pueda convertirse en una gran oportunidad. Los Estados Unidos va a invertir mas de 160 mil millones de dólares en buscar una formula para tratar de relanzar la economía, la cual venia sufriendo una pequeña recesión. De todas formas cualquier esfuerzo que haga los Estados Unidos a nivel interno para recuperar su economía va definitivamente a repercutir en bien de la República Dominicana. Obviamente ahora mismo estamos sufriendo lo mismo que han sufrido otros paises en un corto plazo, el producto de las cancelaciones de vuelos aereos que hubo, las comunicaciones por via aérea estuvieron paralalizadas casi por una semana. Pero a parte de todo esto, en República Dominicana no paso absolutamente nada. Tenemos la situación bajo el mas absoluto control. Al contrario la nueva noticia es buena de la colocación de los bonos de la República Dominicana. Es el primer país que abre el mercado de los bonos emergentes, eso te va a dar de cuanto y como percibe el mercado internacional al país. Tres paises tratan de entrar y al único que le abrieron la puerta fue a la República Dominicana.
Hablemos un poco de historia. ¿Cuál ha sido la evolución de las variables macroeconómicas de la República Dominicana hasta situarse en la estabilidad de la que goza en estos momentos?
Al finalizar el año 1990, después de experimentar el nivel más alto de inflación registrado en la República Dominicana (79.9%), fruto de los desequilibrios macroeconómicos acumulados y de la gran indisciplina monetaria y fiscal de finales de la década de los 80, el país inició una política seria de estabilización, la cual incluyó, el 28 de agosto de 1991, la aprobación de un acuerdo stand-by por 19 meses por el Fondo Monetario Internacional y otro acuerdo posterior durante el período julio 93-marzo 94.
Los acuerdos perseguían restaurar el "equilibrio" de la balanza de pagos de la República Dominicana, reducir las presiones inflacionarias y crear las condiciones para el aumento de la producción y el empleo. Los criterios de ejecución incluían topes sobre el crédito neto del Banco Central y el Banco de Reservas al sector público no financiero, niveles críticos en los activos domésticos netos y en las reservas internacionales netas del Banco Central, así como restricciones al déficit global y al nivel de endeudamiento externo neto del sector público no financiero. El acuerdo también incluía la promesa del Gobierno de eliminar todos los controles de precios en la medida que la situación económica y social lo permitiese, y de continuar sus políticas de restablecer el rol de la política de tasas de interés como un componente clave de la política monetaria, mantener las tasas de redescuentos a niveles acordes al mercado, la revisión del sistema de encaje legal con miras a su eventual unificación, y el empleo de operaciones de mercado abierto como instrumento de control monetario.
El cumplimiento de los tópicos acordados con el FMI fue bastante satisfactorio. En cada una de las revisiones del acuerdo, el país cumplió los topes establecidos con márgenes significativos. En 1991 la inflación se redujo a 7.9% y empezaron a mejorar los indicadores macroeconómicos sustancialmente, la confianza de los agentes empezaba a recuperarse a medida que el crecimiento repuntaba, y las reservas internacionales que se habían mantenido en niveles negativos durante la década pasada, para finales de 1993 alcanzaron los US$437.9 millones.
En 1994, a consecuencia de la situación política del momento asociada a las elecciones presidenciales, se produce un cambio en la tendencia que había exhibido la política fiscal desde el 1992, el déficit del sector público consolidado se elevó a 3.9% del PIB generándose fuertes presiones inflacionarias que culminaron con una inflación de 14.3%, acompañado de un proceso de pérdida de reservas internacionales. Ese año fue escenario de una contienda electoral reñida que desencadenó un histórico acuerdo que recortó el período constitucional a dos años; la incertidumbre política y la política expansiva del gasto público generaron fuertes presiones sobre el sector externo y financiero de la economía.
Para eliminar las presiones que se estaban acumulando las autoridades monetarias unificaron la tasa de cambio oficial y la del mercado, congelaron el excedente de encaje legal (reservas bancarias) de los bancos comerciales, impusieron un tope al crédito al sector público y colocaron certificados financieros, entre otras medidas. Como resultado, los préstamos y captaciones del sector financiero comenzaron a tomar el sendero deseable para garantizar un clima de estabilidad que repercutiría en nuevas iniciativas de inversión nacional y extranjera. El plan de acción incluyó la renegociación de la deuda externa con la banca privada internacional y se reafirmó el compromiso de no incurrir en atrasos en los pagos externos. Las reservas internacionales netas disminuyeron en US$469.7 millones, la emisión monetaria disminuyó en 16.2% en términos reales y las presiones inflacionarias cesaron.
A partir de finales de 1994, luego que desaparecieran las presiones políticas sobre el ciclo económico, la política monetaria se concentró en mantener la estabilidad macroeconómica, creando las condiciones propicias para un crecimiento económico sostenido con precios estables. La estrategia de política monetaria adoptada por el Banco Central utilizó activamente el tipo de cambio como ancla nominal para lograr la estabilidad de precios. En períodos de fuertes influjos de capitales externos, el Banco Central recurría de manera simultánea a la compra de divisas en el mercado cambiario y a la venta de certificados de participación para esterilizar la monetización de dichas compras y así mantener el tipo de cambio estable. El mismo mecanismo de esterilización operaba en períodos de fuertes presiones producto del financiamiento monetario de los déficit fiscales.
Esporádicamente y con el objeto de subsanar presiones acumuladas sobre las reservas internacionales y la cuenta corriente de la balanza de pagos las autoridades juzgaron conveniente ajustar el tipo de cambio oficial en respuesta a la creciente apreciación real que resultaba del hecho de que la inflación en nuestro país resultaba ser mayor año tras año que la inflación promedio de nuestros principales socios comerciales.
Sin embargo, la apreciación real no impactó de manera más notoria la competitividad de nuestra economía debido a que el tipo de cambio real de los países de América Central, El Caribe y México, los cuales compiten con nuestros productos de exportación tanto de bienes como de servicios, se encontraba más sobrevaluado que el nuestro con relación al dólar. Este hecho, unido al dinamismo que venía experimentando la economía estadounidense, precios del petróleo favorables y los frutos que ya empezaban a sentirse del proceso de reformas estructurales de primera generación que acompañaron al período de estabilización de los primeros años de la década de los noventa, permitió a la República Dominicana mantener un crecimiento de sus exportaciones, que junto con los crecientes flujos de inversión extranjera directa, fueron suficientes para financiar cómodamente el déficit en cuenta corriente, normalmente de alrededor de 2% del PIB, y aumentar las reservas internacionales netas del Banco Central, creando un clima favorable para la inversión y el crecimiento.
Especial atención requiere el análisis de la economía dominicana a partir del significativo shock petrolero del año 2000, el cual debilitó significativamente la posición de reservas internacionales del Banco Central en la medida que el Gobierno Central no entregaba los pesos necesarios para el pago del servicio de la deuda pública externa, al compás que el Banco Central pagaba a vencimiento los pagos por este concepto. Para mantener la estabilidad de precios, las autoridades monetarias esterilizaron la contrapartida de los pagos externos que el gobierno estaba supuesto a entregar con operaciones de mercado abierto. Esta práctica generó una contracción de la liquidez que elevó significativamente las tasas de interés, sobre todo en el segundo semestre del año 2000.
Las nuevas autoridades del Banco Central que asumieron en agosto del 2000 iniciaron una política de acumulación de reservas con el objeto de reestablecer la liquidez, reducir la tasa de interés y revertir gradualmente la sobre-valuación del tipo de cambio real. Simultáneamente con esta estrategia se aprobó un paquete fiscal que disminuyó sensiblemente el ingreso disponible de los agentes, generándose una desaceleración de la demanda agregada durante el primer trimestre del año, cuando el crecimiento económico fue negativo en 1.5%.
No obstante, en el segundo trimestre del 2001 esta tendencia se revirtió, al mostrar el PIB un crecimiento positivo de 1.8%.
¿Cuáles has sido las principales líneas maestras de la política monetaria del Banco Central durante su mandato?
El objetivo de las autoridades monetarias para el presente año en materia de política monetaria está focalizado en generar un aumento de la liquidez de la economía, a través de la acumulación de reservas internacionales y disminución del stock de certificados de participación del Banco Central, para propiciar una disminución de las tasas de interés internas, con el fin de crear un entorno más favorable para la recuperación del dinamismo de las actividades productivas impactadas de manera desfavorable, desde el pasado año, por las políticas y reformas adoptadas para mantener la estabilidad macroeconómica en el país y por factores exógenos.
Al mes de junio, la emisión monetaria había aumentado en 8.1% respecto a diciembre pasado, básicamente debido al aumento de las reservas internacionales netas del Banco Central y la disminución del stock de certificados de participación de esa entidad, que de manera combinada indujo a una disminución de la tasa de interés interbancaria en 5.0 puntos porcentuales respecto a diciembre del 2000. Adicionalmente, se verificaron reducciones de tasas marginales de hasta 6 puntos porcentuales y se esperan caídas adicionales en las tasas pasivas debido a que aún esta variable no ha recogido la totalidad del efecto rezagado del crecimiento de la liquidez.
Las reservas internacionales del Banco Central, luego de haber disminuido en los meses de enero y febrero por los pagos extraordinarios de deuda externa, mantuvieron una tendencia creciente alcanzando a junio niveles de US$502.7 millones las netas y de US$854.6 millones las brutas. En adición, el stock de certificados de participación en circulación disminuyó en RD$618.6 millones con respecto al nivel registrado a finales de diciembre del 2000.
Esta expansión de la liquidez de la economía se ha generado sin que el Banco Central tenga que incurrir en la práctica de otorgar financiamiento al Gobierno para completar los pagos del servicio de la deuda pública externa. Esta política ha permitido a las autoridades monetarias mantener la inflación controlada a pesar del impacto de las medidas fiscales de enero, que en dicho mes provocaron un incremento de 2.5% en el Indice de Precios al Consumidor (IPC). La inflación acumulada al mes de julio de este año fue de 2.28%. Si se elimina el efecto de las medidas fiscales, la inflación acumulada sería de tan sólo 0.14%, lo cual indica que no ha habido inflación por razones monetarias.
Esta pendiente de aprobación el esperado Proyecto de Ley para el Código Monetario y Financiero. ¿Cuáles van a ser sus características principales y el potencial que se deriva de ellas?
El nuevo Anteproyecto de Ley Monetaria y Financiera, que actualmente está en proceso de readecuación, esta diseñado para continuar el fortalecimiento y modernización de la supervisión y regulación prudencial del sistema financiero dominicano, así como mejorar la efectividad de la política monetaria del Banco Central. Se trata de consolidar el marco institucional y hacer más efectiva la ejecución de la política monetaria mediante la utilización de instrumentos indirectos y la eliminación del uso de instrumentos directos.
El anteproyecto de Ley aprovecha la práctica tradicional dominicana y su modelo constitucional, e introduce mejoras provenientes de modernos modelos regulatorios, en áreas tales como: la autonomía de las autoridades monetarias (Junta Monetaria, Gobernador, Superintendente de Bancos) e incrementará los poderes de supervisión de la Superintendencia de Bancos. A la vez, la Ley aumentará la competencia en la intermediación financiera, eliminado barreras de entrada a la banca extranjera, lo que será esencial para reducir la tasa de interés y los spreads entre la tasa activa y pasiva.
Por ultimo, la nueva Ley incorporara las recomendaciones consideradas como "mejores prácticas" por las instituciones financieras internacionales.
Un objeto de preocupación en la comunidad empresarial e inversora son las altas tasas de interés y el tipo de cambio en República Dominicana, por su impacto en el desarrollo económico del país. ¿Podría elaborarnos un mapa de la situación actual en este contexto?
Tal y como se dijo anteriormente, durante la segunda mitad de la década de los 90 el Banco Central utilizó el tipo de cambio como ancla nominal contra la inflación. Sin embargo, el precio de esta política fue el mantenimiento de elevadas tasas de interés reales, así como una cierta apreciación del tipo de cambio que en ocasiones era parcialmente corregida.
Esta política indujo a un mayor influjo de financiamiento del exterior, el cual resultaba importante para financiar el crecimiento económico. Además, al eliminarse la posibilidad de fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio concomitantemente con una inflación baja, la inversión extranjera mantuvo un ritmo importante en el período principalmente luego de la aprobación de la Ley de inversión extranjera.
Mientras el entorno internacional era favorable, el ancla nominal del tipo de cambio en cierta forma contribuyó al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, favoreciendo el crecimiento económico. No obstante, luego del shock petrolero del 1999-2000 y los inicios de la desaceleración de la economía mundial en el 2000-2001, se hacía imperativo un cambio en la política monetaria, como forma de aminorar el impacto de estos choques externos en la economía.
Este cambio de política se produjo luego de agosto del 2000 con la llegada de las nuevas autoridades monetarias, tal como se explicó con anterioridad. | Recientemente el Estado realizo una emision de bonos soberanos por valor de 500 millones de dolares. ¿Cuál es la politica estatal en lo que se refiere a tanto la deuda externa como interna? ¿Que peligros y oportunidades existen en el endeudamiento?
La República Dominicana es uno de los países con mayor capacidad de endeudamiento externo, como lo muestran los indicadores de deuda externa. En efecto, para el año 2000 el servicio de la deuda externa como porcentaje del PIB fue de 18.6%, luego de haber presentado un nivel de 61.7%/PIB en el 1991. Estos indicadores que hoy exhibe la República Dominicana, son el producto de la decisión de las autoridades dominicanas de honrar sus compromisos externos. El historial de pagos del país, así como su desenvolvimiento macroeconómico en los últimos años, le han permitido iniciar el proceso de emisión de bonos soberanos por primera vez. A los fines de hacer un uso racional de estos recursos, el poder ejecutivo dispuso la creación de una comisión de seguimiento de la ejecución de la deuda pública externa.
En cuanto a la deuda pública interna, el Gobierno de la República Dominicana no emite regularmente obligaciones para financiar su resultado presupuestario. Las fuentes de financiamiento del Gobierno Central son los bancos comerciales y a través del crédito de suplidores del sector privado. En el pasado el financiamiento con el sector privado ascendió a montos considerable, esta deuda fue documentada en el 1999 con una emisión de bonos gubernamentales por unos RD$5,000 millones y las presentes autoridades han cumplido con los pagos correspondientes.
A los fines de evitar, otra acumulación de deuda flotante con el sector privado, se ha adoptado un mecanismo presupuestario que elimina esta posibilidad. En adición, se ha iniciado un proyecto de reforma financiera del Estado con el cual institucionalmente se crean las condiciones para un manejo financiero del Estado con mayor transparencia y controles
¿Podría hacer un somero análisis de la situación del sector bancario y financiero dominicano?
Los principales indicadores financieros muestran que la República Dominicana cuenta con un sistema financiero estable, caracterizado por una sólida posición patrimonial que ha venido respaldando el constante crecimiento de sus activos, acorde con el comportamiento mostrado por la economía y conforme al cumplimiento por parte de dichos intermediarios de las normativas vigentes, las cuales han sido formuladas tomando como referencia los estándares internacionales.
El sistema bancario del país esta conformado por los bancos comerciales de servicios múltiples, con una participación de un 74.0%, las asociaciones de ahorros y prestamos, entidades mutuales, con un 16.0% y el restante 10.0 % corresponde a otras instituciones financieras, entre las que se destacan los bancos de desarrollo e hipotecarios y las financieras que se han venido reduciendo como resultado de las medidas de reforma implementadas por las autoridades monetarias, con el propósito de reducir el número de entidades, sanear el sistema y diversificar sus servicios en aras de que sean más competitivas.
El sistema financiero a nivel consolidado presenta al cierre del mes de junio del 2001, un total de activos de RD$207,508.8 millones, para un crecimiento anual promedio que supera el 20.0%, sustentado básicamente por la cartera de crédito y las inversiones, las cuales a la indicada fecha presentan un monto de manera conjunta de RD$140,700.0 millones, un 67.8%. Por su parte, los pasivos ascendieron a RD$177,548.7 millones, constituidos fundamentalmente por captaciones locales y por financiamientos internacionales, en tanto que el patrimonio asciende a RD$22,467.5 millones.
En lo que respecta a los principales indicadores, la solvencia del sector financiero es de 12.8% a diciembre del 2000, conforme a los datos de la Superintendencia de Bancos, el cual está por encima del 8% requerido por las normas de Basilea y del 10.0% establecido en las normas vigentes en el país, el riesgo crediticio es de 3.8% a la fecha citada y las provisiones constituidas representan un 2.8% de los activos de riesgo. Por su parte, la rentabilidad del capital pagado supera el 35.0%.
Finalmente es conveniente señalar que la estabilidad y la solidez que presenta el sistema financiero dominicano, son el producto del proceso de saneamiento y reforma implementado en el país, con la instauración de la banca universal y la aplicación de normas bancarias, prudenciales y de riesgos de mercado acorde con los estándares internacionales. Este proceso ha ido acompañado de fusiones bancarias y alianzas estratégicas de bancos locales e internacionales.
Hemos notado la escasa presencia de la banca internacional en el país. ¿A que se debe esto y cuál va a ser su desarrollo futuro?
La República Dominicana, desde los inicios del sistema bancario, ha contado con la presencia de bancos internacionales, procedentes básicamente de Estados Unidos y Canadá. Actualmente operan en el país Citibank y Nova Scotia como sucursales de sus oficinas matrices, las cuales para fines de operaciones permitidas y de aplicación de las normas bancarias, prudenciales y de riesgos de mercado tienen un tratamiento similar a los bancos nacionales.
A tal efecto cabe también destacar la participación accionarial del Banco Popular de Puerto Rico y Sabadell de España en el Banco BHD, así como las alianzas estratégicas de los Bancos Popular Dominicano y Bancrédito con Bancaja y la Caja de ahorros de Asturias, ambas de España.
De igual modo, operan en el país tres oficinas de representación correspondientes a los Bancos Bilbao Vizcaya, Santander Central-Hispano y Caja de Ahorros de Asturias, entidades bancarias españolas y recientemente se ha instalado el Banco de Desarrollo Altas Cumbres de capital totalmente chileno.
La República Dominicana por los indicadores de estabilidad económica y política, así como por el crecimiento que ha mostrado en los últimos años, se ha convertido en un destino muy apreciado para la presencia de la banca internacional, ya que el país está recibiendo frecuentemente representantes de bancos extranjeros con interés de operar en la República Dominicana.
En este sentido, es conveniente señalar que contamos con una Ley de Inversión Extranjera que permite la instalación de empresas de capital totalmente extranjero, así como la repatriación del 100.0% de las utilidades. Por su parte, la Ley General de Bancos actualmente vigente contempla de manera específica el tratamiento de "sucursales" de bancos extranjeros.
A tales fines, el proyecto de Código Monetario y Financiero, actualmente en discusión contempla de manera taxativa la política de apertura y funcionamiento de bancos extranjeros con 100% de participación foránea, llenando el vacío que en este sentido pudiera reflejar nuestra legislación bancaria. Esta legislación más acabada permitirá que la banca internacional tenga una mayor presencia en el país, incentivando la competencia y contribuyendo a que la banca local opere con mayor grado de eficiencia y por ende con menores márgenes de intermediación.
Hagamos un repaso de las principales reformas gubernamentales que han tenido un impacto macroeconómico: Reforma Tributaria, Ley de Hidrocarburos, Ley de Inversión Extranjera, etc...
La Ley de Inversión Extranjera (No.16-95) 20 de noviembre de 1995, promulgada a finales del 1995, ha sido uno de los principales pasos de avances que ha realizado la República Dominicana en materia de reformas estructurales. La misma confiere trato igualitario al inversionista nacional como al extranjero, elimina las restricciones a la repatriación de utilidades y dividendos, y permite la inversión en cualquier sector, exceptuando en desechos radioactivos, actividades que puedan afectar el medioambiente y aquellas relacionadas con la seguridad nacional. El enorme influjo de inversión extranjera directa que ha recibido el país en los últimos años está asociado, además del clima de estabilidad macroeconómica imperante, a la promulgación de esta importante Ley.
Bajo la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (No.141-97), 24 de junio de 1997 se contempló la capitalización de la CDE, de las empresas de CORDE, y el arrendamiento de los ingenios del CEA, así como de los hoteles de la Corporación de Fomento de la Industria Hotelera, con la finalidad de sanear financieramente las empresas del estado con capital fresco, mejorar su productividad y eficiencia, y liberar al Estado de la carga presupuestal que representaban las pérdidas de esas empresas, así como los subsidios otorgados a las mismas. Mediante el mecanismo de la capitalización los inversionistas adquieren el 50% de las acciones de las empresas, de forma tal que el Estado Dominicano sería su socio, siendo la administración responsabilidad de las nuevas firmas privadas. El proceso de capitalización de la CDE se realizó mediante una licitación pública internacional ofertándose las áreas de distribución y generación de electricidad, en la que preclasificaron 21 empresas. En este proceso resultaron ganadoras cuatro empresas internacionales, cuyas casas matrices están radicadas en España, Inglaterra, Estados Unidos y Chile. El monto capitalizado ascendió a US$643.5 millones.
En el área de distribución de electricidad, se dividió la distribución de energía del país en tres regiones: norte, sur y este. El Consocio Unión FENOSA de España aportó 211.9 millones correspondientes al 50% del capital accionario de dos nuevas empresas EDENORTE Y EDESUR. Asimismo, la empresa AES Dominicana filial de AES Corporation de los Estados Unidos, aportó US$109.3 millones para formar EDE-ESTE.
En el área de generación, la empresa Haina Investment de capital accionario norteamericano e inglés aportó US$144.5 millones para suscribir el 50% del capital accionario de la empresa Generadora Haina. De igual manera, la Coastal Corporation de los Estados Unidos y la Gener de Chile, formaron el consorcio New Caribbean Investment que aportó US$177.8 millones para suscribir el 50% del capital accionario de la Generadora ITABO.
De las empresas del grupo CORDE han sido capitalizadas la Compañía Anónima Tabacalera, la cual recibió un aporte de US$21.4 millones de parte de un consorcio español, y la empresa Molinos Dominicanos, procesadora de trigo, fue capitalizada por RD$250.0 millones por una empresa dominicana de amplia experiencia en el ramo. Y finalmente, en el caso del CEA, se procedió al arrendamiento de 10 ingenios, 5 a empresas nacionales y 5 a una firma afiliada a un consorcio mejicano.
La ley de Seguridad Social (No. 87-2001) 10 de mayo del 2001 fue concebida con la finalidad de crear un sistema de pensiones moderno que beneficie a todos los trabajadores, independientemente de su nivel de ingreso, y les permita recibir una pensión justa y digna. Además de proporcionar una pensión a todos los dominicanos, esta Ley permitirá el desarrollo de instrumentos de financiamiento de largo plazo en el mercado de capitales, lo cual promoverá el ahorro interno para el financiamiento de proyectos de más largo plazo a tasas de interés competitivas. El reglamento de ampliación de la Ley está en proceso de elaboración.
La ley de Mercado de Valores (No.19-2000) 8 de mayo del 2000 se promulgó con la finalidad de promover y regular el mercado de valores de la República Dominicana para incentivar la formación de ahorro interno y su canalización a los sectores productivos, facilitar la realización de las operaciones de mercado abierto del Banco Central, y permitir el desarrollo de nuevos instrumentos financieros. Esta viene a ser complementada por la aprobación de la Ley de seguridad social. El reglamento de ampliación de la Ley se encuentra en su fase final. El ámbito de aplicación de esta Ley abarca la oferta pública de valores, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, sus emisores, así como los participantes del mercado de valores, i.e., la bolsa de valores, la bolsa de productos, los intermediarios de valores (puestos de bolsa, agentes y corredores), la cámara de compensación, depósito centralizado de valores, calificadoras de riesgo, los fondos mutuos o cerrados, administradoras de fondos, compañías que emiten títulos, así como toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, que participe en el mercado de valores.
La ley de Hidrocarburos (No.112-00) 1 de noviembre del 2000 representa uno de los blindajes más importantes ante choques externos con que cuenta la economía dominicana, ya que permitirá recaudar una cantidad de recursos anualmente que se destinarán al pago de la deuda pública externa, sin importar el nivel de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, ni las fluctuaciones del tipo de cambio. La misma estableció un nuevo sistema para el ajuste de los precios de comercialización de los hidrocarburos, de manera semanal y en base a las fluctuaciones de los precios de paridad de importación de los combustibles y /o a los movimientos de la tasa de cambio.
La Reforma Arancelaria (No.146-00) 26 de diciembre del 2000 redujo la tasa máxima del arancel de 35% a 20% y simplificó las tasas arancelarias aplicadas a las importaciones de 9 a 5 tasas, indicando un importante paso de avance en materia de apertura comercial al exterior así como en la reducción de costos y aumento de la competitividad doméstica.
Finalmente, la Reforma Tributaria (No.147-00) 26 de diciembre del 2000 aumentó la tasa del ITBIS (IVA) del 8% al 12% concomitantemente con un aumento en la base imponible, se ajustó las tasas de los impuestos selectivos, y se colocó un anticipo del 1.5% sobre las ventas brutas mensuales de las empresas, entre otros.
En agenda se encuentran los siguientes anteproyectos de Ley relevantes: El Código de Ordenamiento de Mercado, que servirá para actualizar los instrumentos legales e institucionales vigentes, así como la creación de un régimen de competencia con miras a lograr proteger al consumidor efectivamente. Este está compuesto por 6 Libros: Promoción a la Libre Competencia, Competencia Desleal, Protección de los Derechos del Consumidor, Sobre Derecho de Autor (aprobado), Propiedad Industrial (aprobado), Instituto de Ordenamiento de Mercado. Y, por supuesto, el Código Monetario y Financiero (comentado anteriormente).
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